En Italia relacionaron al Barçagate con el escándalo que cambió para siempre el fútbol italiano en 2006. La Juve, por el sistema liderado por Luciano Moggi, acabó en la Serie B.
Italia tiene un largo historial de escándalos futbolísticos y, quizás, una sensibilidad distinta cuando salen a la luz. Desde que SER Catalunya y AS desvelaron los detalles del Barçagate, la mente de los italianos regresó de inmediato a 2006 y al terremoto que ha cambiado para siempre la Serie A.
’Panorama’ tituló que estamos ante “el Calciopoli de España”, y aunque “en Barcelona actúan como si no hubiera pasado nada”, será imposible mantener esta postura a largo plazo. El ‘Corriere della Sera’ definió el caso “una bomba judicial y mediática que evoca nuestro Calciopoli” y que va a “sacudir los cimientos de La Liga” con acusaciones y respuestas “que llegarán a la política”. También el ‘Corriere dello Sport’ habló de “caso Barcelona como Calciopoli” ante las “impactantes declaraciones” de Andújar Oliver en Onda Cero sobre la relación entre los árbitros y el hijo de Enríquez Negreira.
Destapar el pago de 1,4 millones de euros durante tres temporadas a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros causará inevitablemente investigaciones y en Italia saben que este tipo de escándalos nunca se sabe hasta dónde pueden llevar. De momento, hay una diferencia fundamental entre Calciopoli y el Barçagate: la influencia sobre el mundo arbitral, que en el primer escándalo fue demostrada en varios juicios.
Calciopoli explotó durante la primavera de 2006, tras el trabajo de las Fiscalías de Turín y Nápoles sobre posibles amaños de partidos. La prensa comenzó a publicar las escuchas entre directivos de la Juventus (Luciano Moggi y Antonio Giraudo), los designadores de los árbitros Paolo Bergamo y Pierluigi Pairetto, el vicepresidente de la FIGC Innocenzo Mazzini, el presidente Franco Carraro (que dimitió el 8 de mayo de 2006) y, poco a poco, varios cargos de Fiorentina, Lazio, Milan y Reggina, periodistas y árbitros. Moggi y toda la junta directiva de la Juventus dimitieron el 14 de mayo de 2006 y, a partir de entonces, empezó una larga batalla en la justicia deportiva y ordinaria. Los fiscales desvelaron una conspiración para influir en los resultados del campeonato de Serie A a través de las designaciones de árbitros favorecedores, con Luciano Moggi a la cumbre de la organización.
El juicio deportivo terminó en la ‘Camera di coinciliazione e arbitrato’ del Comité Olímpico en octubre de 2006. Las sanciones fueron durísimas: la Juve se quedó sin el scudetto 2004/05 y fue descendida al último puesto de la Serie A 2005/06, cuyo título fue asignado al Inter. Los bianconeri tuvieron que disputar el curso 2006/07 en la Serie B, con 9 puntos de sanción. Fiorentina (30 puntos en la temporada 2005/06, 15 en la 2006/07), Milan (30 puntos en la temporada 2005/06, 8 en la 2006/07), Lazio (30 puntos en la temporada 2005/06, 3 en la 2006/07), Reggina (11 puntos de sanción en la temporada 2006/07) y Arezzo (6 puntos de sanción en la temporada 2006/07) fueron los otros clubes castigados. En lo individual, las medidas más duras fueron para los bianconeri Moggi y Giraudo, a los que la FIGC inhabilitó de por vida en 2011.
En 2010 y 2011, además, Stefano Palazzi empezó nuevas investigaciones gracias a las conversaciones intervenidas utilizadas en el juicio ordinario. El fiscal de la Federcalcio publicó un informe en el que acabaron siendo implicados varios equipos que se quedaron fuera del primer escándalo. El más relevante fue el caso del Inter, que involucraba sobre todo al presidente Giacinto Facchetti, fallecido en 2006. El segundo juicio deportivo, no obstante, nunca comenzó por prescripción, el mismo instituto jurídico con el que terminó el juicio ordinario en contra de Luciano Moggi.
En 2015 los jueces de la Cassazione, tribunal de última instancia de Italia, declaró la prescripción para el ex director general de la Juventus (que había sido condenado en el segundo grado con dos años y cuatro meses de prisión) y también para el consejero delegado Antonio Giraudo, aunque, en las motivaciones, aclaró que el primero “cometió tanto el delito de asociación delictiva como el de fraude deportivo a favor de su equipo”.
Moggi, para los jueces, “disponía de un poder que se extendía también en el ámbito periodístico” y su asociación “era estructurada y difundida” para “condicionar a los árbitros”. De sus opiniones “dependía el futuro de jugadores y árbitros, con todas las consecuencias derivadas para los equipos involucrados”. El directivo ejercía “un poder de interlocución agresivo y amenazante” sobre los árbitros y “su carga de intereses asoló el sistema del fútbol hasta desacreditarlo de manera inimaginable”.
El escándalo dejó heridas todavía abiertas (la Juventus, por ejemplo, sigue mostrando en su estadio los dos scudetti que le quitaron: cuentan 38 en lugar de 36) y, en estos meses, el fútbol italiano está viviendo otro, el de las plusvalías ficticias, que vuelve a ver a los turineses entre los protagonistas y promete otro terremoto. El Barçagate de momento es diferente, pero en Italia creen que pueda desencadenar consecuencias imprevisibles. Con todo lo que se ha vivido en el país de la bota, verlo así es inevitable.
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