Agarrarse a la Guardia Civil como si fuera el último tablón del océano. Eso es lo que ha hecho la directiva de Josep Maria Bartomeu en su desesperado intento por eludir la expulsión mediante el voto de censura emprendido por los socios del Barcelona. La junta azulgrana sospecha de un supuesta fraude en las firmas presentadas por los promotores de la moción. Pero no ha pedido auxilio a los Mossos d’Esquadra, que ya tuvieron que acudir al Camp Nou a reclamar información tras estallar el escándalo del Barçagate, sino al Instituto Armado. La razón: el club azulgrana cree que puede existir alguna relación con la presunta trama de falsificación y reventa de 2.800 abonos investigada desde octubre de 2018 por la propia Guardia Civil, que actuó como policía del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Dicha investigación aún continúa abierta. De hecho, el cuerpo ya ha comenzado a cruzar datos de los números de socios implicados.
El Barcelona, sin embargo, no ha logrado por ahora paralizar el proceso que debería llevar a la junta de Bartomeu al referéndum. Los dos representantes del club azulgrana en la Mesa del voto de censura, Marta Plana y Jordi Argemí, intentaron detener la moción con el argumento de la investigación abierta por la Guardia Civil. Sin embargo se encontraron con la oposición de los otros tres componentes de la Mesa, tanto de los dos primeros firmantes de la moción (Jordi Farré y Josep Triadó), como, sobre todo, del presidente del órgano y delegado escogido por la Federació Catalana de Futbol, Josep Maria Vallbona.
Los desencuentros de los directivos del Barça con el presidente de la Mesa han sido constantes en los últimos días. Además de formular una queja formal por su comportamiento, en el club azulgrana no lograron convencerle de la idoneidad de llamar por teléfono a cada uno de los socios que presentaron su firma. La fórmula escogida fue la del SMS como acuse de recibo tras cada validación.
